Una nueva pelea política se desató en la legislatura porteña por el plan de ajuste de impuestos que intenta aplicar el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, en un “nuevo intento recaudatorio”, según acusan desde la oposición.
El ajuste o “impuestazo” que propone el macrismo en realidad es la implementación de un ajuste automático del precio de la propiedad según el valor de referencia inmobiliario (valor real del inmueble) en lugar de utilizar la valuación fiscal de la misma para el cálculo del impuesto. Lógicamente esta modificación arrastrará una suba en el monto a pagar del tributo, ya que el valor fiscal de las propiedades (el que figura en el ABL) es excesivamente inferior al precio real.
La intención es igualar lo que se realiza con las patentes de los automotores desde 2004: el valor del vehículo se recalcula cada año según el precio de mercado y con eso se deduce cuando debe pagar el propietario.
Suena lógico y equitativo que si un ciudadano tiene un inmueble que puede vender a 100.000 pesos, pague un impuesto acorde (o sea 1.000 pesos anuales) en lugar de pagar un impuesto por un inmueble tasado en 35.000 pesos. No tiene lógica que se pague lo mismo por una propiedad de 100.000 que por un vehículo de 35.000.
Pero en la política argentina no hay lógica aplicable, simplemente el que es de la oposición vota negativamente y el que está alineado con el gobierno elije a favor, pero nunca se analizan las propuestas.
jueves, 18 de marzo de 2010
martes, 2 de marzo de 2010
Erase una vez la democracia
Cerca de cumplir las tres décadas de democracia y en año del bicentenario de la Republica Argentina los políticos se regodean de su sentido patriótico y su capacidad política. En el 2009 hubo una feroz lucha durante las elecciones para renovar el Congreso y todos festejaron sus triunfos como si hubieran ganado la presidencia de la Nación.
El 2010 muestra que todo lo anterior es solamente para las cámaras, las tapas de los diarios y los aplausos del público. La democracia y la política están en tela de juicio gracias a las acciones del oficialismo y de la oposición.
Los representantes del primero intentan gobernar un país a base de Decretos avalados por la constitución para épocas de crisis, los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Y escudándose en que es la Presidenta quien define cuando hay necesidad y urgencia, aparecen DNU con cualquier excusa: fondo del Bicentenario, remoción del economista Martín Redrado de la presidencia del Banco Central (BCRA), transferencia de 4.382 millones de dólares de las reservas del BCRA al tesoro para el pago de deudas a acreedores privados.
Los líderes de las diferentes facciones opositoras al gobierno ahora parecen aliados en un plan común: que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueda gobernar según la constitución lo establece. Para esto se arman de variados artificios, entre los que se destaca acudir a la Justicia para “voltear” (palabras del diputado del PJ disidente Felipe Solá) los decretos promulgados por el Poder Ejecutivo.
Presidentes, Gobernadores, Diputados y Senadores, hagan bien de representar a los argentinos que los votaron en elecciones democráticas y cumplan su rol de políticos haciendo política y no deshaciendo la política. Somos 40 millones de argentinos con los que están jugando, no es un tablero de El Estanciero.
El 2010 muestra que todo lo anterior es solamente para las cámaras, las tapas de los diarios y los aplausos del público. La democracia y la política están en tela de juicio gracias a las acciones del oficialismo y de la oposición.
Los representantes del primero intentan gobernar un país a base de Decretos avalados por la constitución para épocas de crisis, los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Y escudándose en que es la Presidenta quien define cuando hay necesidad y urgencia, aparecen DNU con cualquier excusa: fondo del Bicentenario, remoción del economista Martín Redrado de la presidencia del Banco Central (BCRA), transferencia de 4.382 millones de dólares de las reservas del BCRA al tesoro para el pago de deudas a acreedores privados.
Los líderes de las diferentes facciones opositoras al gobierno ahora parecen aliados en un plan común: que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no pueda gobernar según la constitución lo establece. Para esto se arman de variados artificios, entre los que se destaca acudir a la Justicia para “voltear” (palabras del diputado del PJ disidente Felipe Solá) los decretos promulgados por el Poder Ejecutivo.
Presidentes, Gobernadores, Diputados y Senadores, hagan bien de representar a los argentinos que los votaron en elecciones democráticas y cumplan su rol de políticos haciendo política y no deshaciendo la política. Somos 40 millones de argentinos con los que están jugando, no es un tablero de El Estanciero.
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